COVID-19 y la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023,[1] determina que dentro de sus marcos de referencia en el ámbito nacional se encuentra la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, considerando que las principales amenazas a la Seguridad Nacional eran el “terrorismo, los conflictos armados o el espionaje, los flujos migratorios irregulares, pandemias y epidemias, emergencias y catástrofes o el cambio climático”. Es decir, en 2017 ya se estaba hablando de las pandemias y epidemias como un riesgo global para el conjunto de la sociedad, pudiendo incluir en este caso al COVID-19 como evidencia empírica de la materialización de dicho riesgo.

Importante resaltar que la lucha contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave es una prioridad puesto que “afecta a las estructuras y valores sociales, económicas o políticos y, por tanto, a la estabilidad de los países”.

Para hacer efectiva esta estrategia se han concretado diez ejes de actuación. Dentro de estos se enmarcan las labores de inteligencia como prevención y anticipación de amenazas, entendiendo “la generación de inteligencia como vehículo de anticipación contra estos fenómenos”.

A nadie se le escapa la importante y necesaria acción de las diferentes instituciones nacionales, europeas e internacionales en la lucha contra el Crimen Organizado, pero esto supone un marco de colaboración en el ámbito de inteligencia, policial y judicial principalmente. Es lógico pensar, que respecto a las pandemias y epidemias las acciones preventivas, de investigación y judiciales, son fundamentales para la identificación, detención y puesta a disposición judicial de los responsables, pero no se comprende cómo no existe una estrategia mucho más ambiciosa que incluya la acción sanitaria ante cualquier tipo de riesgo biológico, puesto que es el sistema sanitario el que, fuera del marco policial, tiene la capacidad técnica, operativa y de recursos humanos para luchar contra estas amenazas.

Sin embargo, aunque las pandemias y epidemias han sido incluidas en la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, no ha existido una acción preventiva y de coordinador con aquellos que deberían luchar en primera línea con los riesgos, en este caso, del COVID-19.

A mi entender, y por supuesto puedo estar equivocado, no entiendo la falta de engranaje entre todas aquellas instituciones y organismos que en su ámbito competencial deberían formar parte de los programas de prevención y acción frente a los riesgos biológicos. Si le hubiéramos dado un carácter preventivo integral, el sistema de salud pública hubiera contado con más medios humanos, técnicos y materiales y seguramente los daños provocados por el COVID-19 se hubieran minimizado.

Espero que realmente aprendamos algo de esta dura experiencia y los diferentes Gobiernos tomen acción para proteger como se debe a sus ciudadanos. La seguridad total no existe, pero si la capacidad se minimizar las amenazas y riesgos.


[1] Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.